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• El Congreso y el Comisionado

Los diputados, Pablo Fernández del Campo, del PRI, y Eduardo Rivera Pérez, del PAN, están enfrascados en su empeño de sacar a Antonio Juárez Acevedo de su puesto de Consejero en la Comisión de Acceso a la Información Pública. Los motivos que esgrimen los legisladores es que antes de ser comisionado fue miembro de una asociación política “Plataforma Cuatro”, lo cual es cierto, pero eso no es delito, lo que prohíbe la ley es ser dirigente; en consecuencia la petición de renuncia al comisionado no procede, salvo que el Tribunal Colegiado de Circuito determine lo contrario, en cuyo caso, el comisionado aún tiene el recurso de irse a la Corte e írsela llevando hasta el fin de la función tanto de los diputados como del comisionado. El litigio da para mucho si el fallo del Tribunal va en sentido de negarle el amparo, pero si lo concede, el asunto será cosa juzgada y los diputados se abran llevado un palmo de narices.
Lo curioso del caso es que en el empeño de botar a Acevedo de la chamba participen, el presidente del congreso, Othón Bailleres, quien normalmente no dice nada hasta consultarlo con el gobernador Mario Marín; y el diputado Jorge Ruiz Romero, hombre clave en los intereses del ex alcalde Enrique Doger Guerrero, quines están empujando en el mismo sentido con muchas ganas, sudan.
Antonio Juárez Acevedo es hijo del abogado Nicandro Juárez Torres, quien fuera director de la Preparatoria, Benito Juárez, alto funcionario del gobierno de Alfredo Toxqui e impulsor de la precandidatura del infortunado Ángel Aceves Saucedo a la gubernatura de Puebla; tiene toda la información jurídica y política a su alcance y en este sentido ya desde hace tiempo les comió el mandado a los diputados, que se han movido a ciegas.
Si los diputados pierden con el amparo promovido por el comisionado, que parece lo más probable, la figura del comisionado se colocará en los cuernos de la luna, y el prestigio de los diputados estará regado por el piso; lo que posibilitaría que al término de su gestión en la comisión, el aún comisionado, fuese promovido a una función de muy alto nivel, tanto en el poder judicial, como en el ejecutivo o en los órganos autónomos encargados de la fiscalización, según fueran sus pretensiones.
Lo que ha dejado ver este litigio, entre muchas cosas, es la visceralidad con la que los diputados Eduardo Rivera, Pablo Fernández, los ya mencionados y otros, han actuado en este proceso, como si temieran que el comisionado pudiera operar a favor de un partido, que no es el de ellos; o como si de ellos pudiera exhibir sus abusos y excesos.
Parece que a los diputados los mueve el miedo, y al comisionado el ánimo de lucir su mejor preparación. Son actitudes, diametralmente opuestas, independiente del veredicto final.